Problemáticas criminológicas como objeto de política pública

Enfoques preventivos, punitivos y restaurativos

Enfoque preventivo: este se orienta a evitar la ocurrencia del delito mediante políticas sociales, educativas, urbanas y de salud pública. La prevención primaria (sociedad), secundaria (grupos en riesgo) y terciaria (prevención de la reincidencia) busca atacar las causas estructurales y contextuales de la criminalidad, tales como la exclusión social, la deserción escolar o la falta de oportunidades laborales.

Enfoque punitivo: se basa en la sanción penal como principal herramienta de control. Supone que el endurecimiento de las penas y el aumento de la presencia policial disuadirán a los posibles infractores. Aunque esta estrategia responde a una demanda social de justicia, ha sido criticada por su limitada eficacia a largo plazo y por sus efectos negativos, como la sobrepoblación carcelaria o la criminalización de la pobreza.

Enfoque restaurativo: busca reparar el daño causado por el delito mediante el dialogo entre víctima, infractor y comunidad. Promueve la responsabilidad del infractor y la reconstrucción del tejido social afectado. Es una alternativa o complemento a la justicia retributiva, especialmente útil en delitos menores, conflictos comunitarios o en contextos de justicia transicional.

La construcción social del delito

El delito no es solo una transgresión jurídica, sino una construcción social influida por los valores, intereses y normas de una sociedad en un momento determinado. Lo que en un contexto puede considerarse criminal, en otro puede ser tolerado o incluso legal. Esta perspectiva permite entender cómo ciertos grupos o conductas son criminalizados selectivamente, mientras otros con invisibilizados o despenalizados según factores políticos, económicos o culturales. La criminología crítica y la sociología del derecho han profundizado en cómo el poder influye en esta construcción, señalando la necesidad de revisar los criterios con los que se define, persigue o sanciona el delito.

(Gutiérrez & Ospina, 2018)

La agenda pública

Para que una problemática criminológica se convierta en objeto de política pública, debe ingresar en la agenda pública, es decir, debe ser percibida como un problema relevante por la sociedad, los medios de comunicación y los tomadores de decisiones. La forma en que los delitos son representados en los medios, el nivel de alarma social, los intereses políticos y las presiones de actores sociales determinan qué problemas son priorizados y cómo son abordados. En muchos casos, esto puede generar políticas reactivas, basadas en percepciones más que en diagnósticos técnicos, lo que limita la efectividad de las intervenciones.